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jueves, 16 de septiembre de 2010

Los Ph. D y la nueva ley de Educación Superior en Ecuador.

En las últimas semanas se ha debatido acerca de la conveniencia de poner en marcha una Ley de Educación Superior en la que uno de los pilares constituye la obligatoriedad, para quienes cumplen funciones catedráticas, de obtener  el título de Ph.d (Philosophy Doctor por sus siglas en inglés) para poder continuar ejerciendo dichas funciones. Con el objetivo de hacer operativa dicha ley, en particular en lo que concierne a la obtención del título de Ph. D, el gobierno propone dar un plazo de 7 años para que los decentes puedan obtener dicho "cartón".

Al respecto cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, una de las particularidades de los estudios doctorales radica en que estos no pueden ni deben ser obligatorios, debido a su exigencia temporal - la duración promedio de las tesis doctorales no es menor a 3 años y, en muchos casos, supera el umbral de los 5 años-; y, académica - los estudios doctorales demandan del doctorante un conocimiento profundo, general y particular, de la disciplina sujeto de estudio-.

En segundo lugar, en el ámbito netamente político-educativo, los estudios doctorales son el resultado de demandas sociales que buscan mejorar la calidad de la educación. Tales demandas, si bien es cierto, que pueden ser vehiculadas por el gobierno, no deben ser decretadas por el mismo. En este sentido, la masificación de la educación básica primaria y secundaria debería ser prioritaria en la agenda gubernamental. Una vez que  dicha demanda haya sido cubierta en su totalidad, podría darse paso al mejoramiento de los siguientes niveles de educación, tales como la universitaria, y aquella conocida como de cuarto nivel : maestrías y doctorados. En este sentido, sin desmerecer lo hecho por el actual gobierno, antes de buscar la masificación de los doctorados se debería asegurar la calidad de la educación básica, pues sin ella, la educación doctoral de cuarto nivel (Ph.D) se convertiría en un islote que muy difícilmente lograría filtrar los beneficios científicos que de ella se pueden desprender.

Finalmente, cabría preguntarse ¿Qué ha pasado con la multiplicación de las ofertas de Maestría en el país? ¿Qué resultados han arrojado estas? ¿Cuál ha sido el impacto social de dicha multiplicación? Una vez que estas tres preguntas básicas sean respondidas podremos pensar en incentivar la investigación científica mediante la inclusión de niveles doctorales en las principales instituciones educativas de nuestro país, para que esta inclusión no cree islotes de los que se aprovechan los grupos de poder para justificar sus injustificables.

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